Tarapacá ante su mayor prueba: Economía en contracción y urgencia de gestión local

En las últimas semanas se ha tenido el conocimiento que la actividad económica de la región en el segundo trimestre disminuyó, el PIB regional publicado por el Banco Central señala que se decreció en 4,5%. Si bien la contracción se concentró más en la minería, levemente en la construcción y en la pesca, y por otra parte se complementa con el desempleo existente del 7,8%, y asociados a los aumentos de los precios por inflación, es un golpe al bienestar de la región.

Estos indicadores que parecen tan lejanos, no obstante, se muestran que la contracción golpea fuerte en la economía regional en el corto plazo.  La realidad que se vive en las calles de Iquique y Alto Hospicio, en los almacenes de barrio y entre los proveedores locales, es la de un profundo apretón financiero, esto se aprecia en el aumento del empleo informal y en los trabajadores por cuenta propia.

 

¿Cómo es posible que esta tierra con tantos recursos explotables transite por un desierto de oportunidades tan persistente?

La respuesta no radica solo en los vaivenes de los mercados internacionales, sino en un factor interno que se lleva demasiado tiempo postergando: la calidad, el sentido de urgencia y la eficiencia de la gestión, tanto pública como privada. En momentos donde el presupuesto público se tensiona, las proyecciones de gasto público sufren recortes y la reactivación se entrampa en laberintos burocráticos, las pequeñas y medianas empresas quedan navegando a la deriva. No se trata de una falta absoluta de recursos, sino de la incapacidad sistémica para transformar el potencial en bienestar tangible.

Para las pymes tarapaqueñas, cada mes de retraso en la ejecución de fondos regionales o en la tramitación de proyectos industriales significa un golpe directo a su supervivencia, especialmente después de haber sido afectadas por los temporales. Las empresas locales no pueden esperar los lentos tiempos de la burocracia centralizada; necesitan liquidez, encadenamientos productivos sólidos y cadenas de pago dinámicas. Cuando los grandes proyectos olvidan la proveeduría local, el empleo se estanca, ahogando el motor económico del norte chileno.

El sector público regional, los gremios productivos y la academia tienen hoy sobre la mesa una prueba de fuego ineludible. Esto exige acelerar la inversión pública de alto impacto, simplificar los permisos que ahogan la iniciativa privada y priorizar estratégicamente al talento de la zona.

 

 Dr. Héctor Varas M. 

Norte de Chile: ¿zona de sacrificio fiscal?

 

En Antofagasta crece un movimiento intelectual que cuestiona los beneficios reales que la gran minería deja en la región. Se señala que el valor agregado que queda en el territorio es reducido, y que el royalty minero que administra el Ministerio de Desarrollo Social termina financiando comunas sin vínculo alguno con la actividad extractiva: remuneraciones municipales, alumbrado público, proyectos de conservación e infraestructura urbana, en lugar de fortalecer las capacidades productivas del territorio de origen.

A esto se suma un problema estructural: la inversión pública en el norte es menor a la de otras regiones, y buena parte de los trabajadores mineros no reside en las comunas donde se produce, sino en el centro-sur. Su ingreso no se consume localmente, debilitando el encadenamiento productivo que podría generarse si la fuerza laboral radicara en la zona. Las empresas mineras reinvierten principalmente para sostener su producción, y aunque contratan proveedores locales, su responsabilidad social suele traducirse en asistencialismo, más que en innovación o reconversión productiva para economías desérticas que, tarde o temprano, deberán aprender a vivir sin minería.

El trasfondo de todo esto es un centralismo persistente: Chile sigue concentrado en la gestión de sus recursos, y el proceso de autonomía regional avanza lento frente a las exigencias del comercio internacional, la logística, el cambio climático, la inmigración y las demandas de salud, educación y vivienda que erosionan el bienestar en las comunas mineras.

En este escenario, la Ley N°21.591 sobre Royalty a la Minería marca un punto de inflexión real, aunque todavía insuficiente. Al crear el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo y el Fondo de Comunas Mineras, introduce por primera vez un criterio de origen en la distribución de la renta minera, junto al ya existente Fondo de Equidad Territorial, que reparte recursos según vulnerabilidad y no según cercanía a la faena. La coexistencia de ambas lógicas —compensar al territorio que produce y redistribuir hacia el que más lo necesita— es, en el fondo, la verdadera discusión pendiente. La pregunta que el norte debería instalar no es si el royalty existe, sino si su actual proporción entre origen y equidad basta para transformar una economía extractiva en una economía capaz de sostenerse cuando el mineral se agote.

 Dr. Héctor Varas M.

Tarapacá: entre la bonanza y el desafío de convertirla en desarrollo

Tarapacá enfrenta un momento paradójico: nunca los precios del cobre y el litio fueron tan favorables, y sin embargo la región arrastra desafíos estructurales que esa bonanza, por sí sola, no resuelve. La demanda global de minerales críticos, impulsada por la transición energética y la reconfiguración de cadenas de suministro, mantiene cotizaciones altas para el cobre y consolida a Chile como actor clave en litio. A nivel nacional, la inflación converge lentamente hacia la meta y el país entra a un ajuste del gasto fiscal favoreciendo a su vez a la inversión privada.

Pero ese contexto favorable no se traduce automáticamente en desarrollo regional. Tarapacá sigue sometido a una pobreza estructural, un déficit habitacional crítico, informalidad laboral creciente y una economía muy dependiente de la minería, con presión adicional sobre servicios públicos por el crecimiento migratorio y la condición fronteriza. El reciente Congreso Internacional de Minería de Tarapacá, realizado en Iquique, puso el dedo en la llaga: la riqueza minera aún no se traduce con fuerza en desarrollo local, y persiste el llamado a fortalecer proveedores regionales capaces de competir internacionalmente.

A esto se suma un escenario internacional volátil: tensiones comerciales entre potencias, reordenamiento de rutas logísticas y una demanda china determinante para nuestras exportaciones. Esa incertidumbre exige no depender de un solo mercado ni producto, y hace del corredor bioceánico y la Zona Franca de Iquique activos estratégicos que deben potenciarse con conectividad y digitalización aduanera.

Ahí está la oportunidad. Si la región logra encadenar la bonanza minera con proveedores locales, formación técnica pertinente y diversificación productiva, puede reducir su dependencia de un solo sector. La logística portuaria, el desarrollo de energías renovables, la formalización del empleo y el fortalecimiento del comercio internacional son palancas concretas. El desafío de los próximos años no es generar riqueza, que ya se genera, sino distribuirla territorialmente y convertirla en capacidades permanentes. Las universidades, institutos y CFT tienen un rol insustituible en esa tarea: formar el capital humano que permita a Tarapacá pasar de exportar materia prima a exportar conocimiento, servicios e innovación, aprovechando la ventana fiscal actual para invertir en lo que realmente sostiene el desarrollo de largo plazo.

 Dr. Héctor Varas M.

 

Valor agregado económico: el gran desafío de la logística regional

La Política Logística Regional de Tarapacá 2026-2050 no solo propone conectividad e infraestructura: contiene un potencial de generación de valor agregado económico que merece un análisis específico. Transformar a la región de simple corredor de tránsito de mercancías hacia un verdadero centro de servicios logísticos de valor agregado es, quizás, su apuesta más ambiciosa y estratégicamente relevante para el desarrollo regional.

 

El documento identifica correctamente esta oportunidad al plantear servicios de valor agregado vinculados al modelo ZOFRI y el desarrollo del Parque Logístico ZOFRI 2.0. Actividades como el ensamblaje ligero, el etiquetado, el reempaque, la personalización de productos, la consolidación de carga y los centros de distribución regional generan empleo calificado y encadenamientos productivos muy superiores a los del mero tránsito de contenedores, capturando una mayor proporción del valor de las cadenas globales de suministro que hoy atraviesan Iquique sin dejar mayor riqueza local.

La transformación digital propuesta -trazabilidad de carga, analítica predictiva e inteligencia artificial aplicada a la logística- constituye otra fuente relevante de valor agregado, al posibilitar el desarrollo de servicios de gestión de información, plataformas tecnológicas y consultoría especializada, exportables a otros mercados de la región andina y sudamericana.

Además de la formación de capital humano, tanto a nivel de capacitación en términos de oficio, carreras técnica y profesionales, asociados a la generación de líneas de investigación, y especialmente de innovación orientadas a resolver los problemas que enfrentará el sistema logístico integrado, para generar  nuevas actividades de valor agregado que se irán demandando cuando se den los efectos dinámicos asociados a la explotación del corredor, tales como: atracción de inversión extranjera, turismo, maquilas, manufacturas, procesamiento de recursos naturales y aumento de la integración física de intercambio energético e implementación de modo de transporte ferroviario para transportar productos de bajo valor y volumen como  la soya, para competir en tiempo y costos logísticos.

Evaluar la implementación de incentivos tributarios adecuados, un régimen aduanero moderno y una inversión público-privada bien coordinada, que consoliden esta oportunidad histórica de desarrollo económico para toda la región.

 Dr. Héctor Varas M. 

 

Logística: Ruta Estratégica para Tarapacá

  

La propuesta de Política Logística Regional de Tarapacá 2026-2050, recientemente dada a conocer, constituye un ejercicio de planificación de notable rigor técnico y clara visión de largo plazo. Su arquitectura, articulada en seis ejes estratégicos -infraestructura integrada, plataforma logística internacional, transformación digital, logística sostenible, capital humano e innovación, y gobernanza-, refleja una comprensión integral de los desafíos que enfrenta la Región para consolidarse como plataforma de conexión entre Sudamérica y el Asia-Pacífico.

  

Destaca especialmente el diagnóstico estratégico, que identifica con precisión tanto las fortalezas del Puerto de Iquique y la ZOFRI, como las debilidades de fragmentación institucional, congestión urbana y déficit de intermodalidad que han limitado históricamente nuestro potencial logístico. La apuesta por el Corredor Bioceánico Capricornio y el fortalecimiento del Paso Fronterizo Colchane, como ejes de integración con Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay y Argentina, son aciertos que posicionan a Tarapacá como un nodo estratégico sudamericano complementando la gestión logística potencial de Zona Franca.

Una política de esta envergadura requiere, además, un ecosistema robusto de formación de capital humano especializado y de investigación científica aplicada. Aquí, la Universidad Arturo Prat, con sede en Iquique, a través de programas como Ingeniería en Comercio en Comercio Internacional, Ingeniería Comercial con mención en Comercio Internacional e Ingeniería en Administración Logística, puede aportar en la formación de profesionales especializados y en la vinculación universidad-empresa-Estado, complementando directamente la meta de formar dos mil trabajadores especializados que plantea el propio documento.

Esta es una oportunidad histórica para la Región de Tarapacá, capaz de transformar su posición geográfica privilegiada en una ventaja competitiva sostenible de cara al año 2050. Con todo, su materialización exige, de manera ineludible, el apoyo decidido y sostenido de las autoridades regionales y especialmente nacionales de Chile, mediante financiamiento oportuno, marcos regulatorios ágiles y una coordinación efectiva y permanente con el nivel central del Estado, sin lo cual esta valiosa visión de largo plazo corre el riesgo de quedar solo en el papel.

Dr. Héctor Varas M. 

 

La IA y las PYMES

 

Está ocurriendo una transformación silenciosa en muchas pequeñas y medianas empresas de la región, y que no siempre la decide el dueño del negocio. Mientras algunos ejecutivos todavía debaten si conviene invertir en inteligencia artificial, sus propios colaboradores ya la usan: para redactar cotizaciones, resumir contratos, responder clientes o armar planillas. La adopción no espera la estrategia; está entrando por medio del uso de IAs disponibles en el computador de cada empleado.

Esto genera una brecha peligrosa. Por un lado, empresas gestionan su transición: capacitan personal, definen políticas de uso y miden resultados. Por otro, la mayoría,  la IA se incorpora de manera informal, sin control de calidad, sin resguardo de información sensible y sin criterio uniforme entre áreas organizacionales. El riesgo no es la tecnología, es la improvisación.

La pyme que gana en este escenario no es la que más gasta en licencias, sino la que ordena lo que ya está ocurriendo. Reconocer qué herramientas usa su gente, definir qué datos no deben salir de la empresa y capacitar, aunque sea de forma básica, marca la diferencia entre una adopción que multiplica la productividad y otra que multiplica los errores invisibles.

 

Los estudios recientes sobre IA y organizaciones coinciden en algo que la pyme vive a diario: los efectos son ambivalentes. La misma herramienta que acelera una cotización puede filtrar información confidencial de un cliente si nadie definió las normativas de uso. El mismo asistente que redacta un correo puede reemplazar, sin decisión consciente de nadie, tareas que antes justificaban un cargo. Nada de esto es intrínsecamente malo, pero tampoco es neutro.

El desafío de fondo no es tecnológico, es de liderazgo. La pregunta que debería hacer todo dueño de pyme no es si va a adoptar IA, sino cómo va a conducir un proceso que, en la práctica, ya comenzó sin su autorización. Postergar esa conversación no detiene el cambio, solo decide quién lo controla.

Algunas empresas han adoptado la IA, pero en forma marginal para algunas tareas específicas, pero aún no internalizan que el sistema de gestión convencional solo retrasa el avance para lograr una mayor eficiencia y productividad para toda la empresa si integrara la IA para todos sus procesos, aquellas que logren dominar el proceso de internalizar la IA con una gestión ordenada, serán más competitivas de las que solo implementan procesos parciales y de limitado alcance.

Dr. Héctor Varas M. 

Zofri y e-business

 

ZOFRI en los últimos años ha  mostrado claramente un proceso de obsolescencia derivado de los cambios que han tenido las operaciones en comercio internacional de acuerdo con el e-business.

Meses atrás surgió la discusión acerca de la renovación de la concesión de ZOFRI S.A. por parte de la comunidad, se está en espera de resolver el proceso de concesión de zona franca que termina el año 2030, permaneciendo la incertidumbre al respecto, afectando inversiones y expectativas de empresas usuarias respecto de sus operaciones.

Existen antecedentes públicos de las dificultades que  tuvo Aduanas con su visación electrónica derivado de su proceso de digitalización mediante un formulario web rígido. Por ello, Aduanas tuvo que suspender en diciembre del 2025  el paso a producción de la tramitación de la Declaración de Salida para los usuarios de zona franca.

No obstante, otras zonas francas han logrado resolver exitosamente las operaciones asociadas a e-business como ha ocurrido en China, Dubai, Panamá, zona franca de Colón y Colombia; éstas han diferido del sistema de diseño basado en la forma operativa del  comercio internacional tradicional. La mayoría de estas soluciones se han generado en base a un diseño apropiado a los sistemas digitales, ya sea integrando interfases de intercambio de información, servicios financieros, logística inteligente, verificación comercio electrónico, seguimiento estadístico y prevención de riesgos que deberían ser adaptados para el comercio electrónico transfronterizo, para facilitar las operaciones B2C y B2B.

Otra alternativa posible, es la creación una zona franca paralela dedicada exclusivamente al comercio electrónico y digital para que empresas de e-commerce, operadores 3PL y agentes de aduanas puedan operar con operaciones masivas que actualmente exige el e-business con los servicios fiscalizadores pertinentes, mediante ventanilla digital única que faciliten las operaciones de acuerdo con los avances tecnológicos existentes y los que surgirán en el futuro.

Este es un desafío muy relevante para Tarapacá,  concebir a zona franca como un centro de operación logístico de tipo digital, que permita fluir el comercio de bienes transfronterizo y pueda explotar las instalaciones que hoy tiene con la finalidad de generar nuevas oportunidades de negocios asociados a la integración física mediante los corredores bioceánicos que tiene o tendrá  acceso en el futuro.

Dr. Héctor Varas M.

Desafíos laborales en Tarapacá

 

La Región tuvo una muy buena noticia acerca de su crecimiento económico durante el primer trimestre del presente año, un crecimiento del 5,5 % respecto del año anterior, fue una de las regiones que más creció. Pero, si se observa la tasa de desempleo, ésta no ha disminuido significativamente fluctuando aproximadamente en 9 %, donde se caracteriza la informalidad laboral cercana al 30%. Está claro que las empresas grandes están liderando el empleo estable y de calidad para la región como es el caso de las empresas mineras, portuarias y pesca.

Lamentablemente, las pequeñas y medianas empresas absorben mano de obra en condiciones de mucha fragilidad como es el caso del comercio ambulante, transportes informales, servicios sin red de seguridad, lo que tiende a disminuir el bienestar que podría lograr la región.

El desafío que posee Tarapacá no es crear empleo, sino que se debe enfatizar en la generación de políticas públicas correctas para que las empresas puedan generar un proceso de formalización de contratos de sus trabajadores, y que existan las condiciones para mitigar la informalidad existente.

Entre las políticas públicas que se pueden aplicar es generar un estándar regional de compra de empresas mineras y compañías de tamaño considerable que operan en sectores comerciales, servicios e industria que conformen una alianza  profunda con los centros de formación técnica, con un modelo de educación dual constructivista con la finalidad que la formación satisfaga las necesidades de las empresas en el proceso de reclutamiento y selección de personas, en lo posible que los estudiantes puedan ser formado en un porcentaje significativo de su formación  en la solución de los problemas en estas empresas.

Esto debe ir más allá de mesas de trabajo teóricas, deben tener un horizonte de largo plazo, para que la formación de personas calificadas incorpore en los perfiles de egresos los procesos de digitalización y autonomía que las empresas están incorporando en sus actividades productivas y de servicios, este tipo de alianzas deberían estar complementadas con escalonamiento de tipo tributario y laboral, para que las empresas puedan ser parte relevante en la formación y contratación de personas. 

Dr. Héctor Varas M.

Crecimiento económico en Chile

 

El inicio del proceso de apertura económica en Chile desde a mediados de los años setenta implicó una serie de cambios, eliminando la industria sustitutiva de importaciones y el auge de sectores productivos que explotaron las ventajas comparativas que tenía el país, de acuerdo con los precios internacionales existentes en la época.

Los primeros años de apertura impulsada por el gobierno militar  fundamentándose en una apertura unilateral y con los gobiernos democrático que continuaron con una política bilateral de acuerdos de complementación económica y de libre comercio, hasta lograr 36 tratados con países y bloques económicos que representan el 86% del PIB mundial.

    

Las primeras décadas de apertura permitió a Chile lograr tasas de crecimiento bastantes altas, en varios años cercana al 7%, no obstante, en la medida que fueron pasando los años, las tasas comenzaron a disminuir, entrando en un proceso de rendimientos decrecientes, alcanzando en los últimos años crecimiento alrededor del 2%, entre cuyas causas se pueden señalar: Agotamiento en la productividad en varios sectores como el pesquero por la captura intensiva afectando el ciclo ecológico de la reproducción de especies pelágicas; la disminución de leyes de yacimientos de cobre antiguos; aumento de brechas de competencias laborales derivadas de una menor  calidad de la educación del país en relación a estándares internacionales de la OCDE, a pesar del aumento de su cobertura en las últimas décadas. Baja inversión en investigación y desarrollo (I+D) que limita la innovación tecnológica en sectores productivos claves; burocracia excesiva para aprobar proyectos de inversión.

Por otra parte, Chile enfrenta un rápido envejecimiento de su población que exige una mayor intensidad en productividad y tecnología que permita sustituir la mano de obra  que se necesita para satisfacer sus requerimientos internos de crecimiento.

Para crecer se necesita mitigar los obstáculos estructurales que impiden un mayor crecimiento, entre ellos: mejorar la educación, destrabar la inversión, acelerar las industrias del litio e hidrógeno verde, aumentar la inversión en I+D  fomentando alianzas de empresas y universidades, implementar la autonomía y digitalización en minería, agricultura, piscicultura y logística, aumentar la productividad de empresas públicas y lograr mayor eficiencia del gasto público.

Dr. Héctor Varas M.

El Clamor por la Gobernanza en la Carrera de la Inteligencia Artificial

 

Hace pocos días la empresa Anthropic, la compañía creadora de inteligencia artificial  (IA)  Claude formada por ex ejecutivos de Open AI, que fue cofundada en su oportunidad por Elon Musk, manifestó la propuesta de ralentizar los avances de las innovaciones de inteligencia artificial, debido a que el estado del arte de esta tecnología ha comenzado la etapa de inteligencia generativa con autonomía, y existe un gran riesgo de que se pueda producir nuevas inteligencias derivadas de los propios procesos de las máquinas que puede ser una amenaza para nuestra civilización.

Pareciera  ciencia ficción, pero es real, la acelerada carrera comercial por liderar el mercado de la IA ha generado una profunda preocupación en el propio seno de esta industria tecnológica. Diversas empresas y líderes del sector, entre ellos Elon Musk que producen activamente servicios de IA, pronosticó este año que para 2031 la IA va a superar la inteligencia humana combinada.

Varias empresas creadoras de IA han sugerido demorar los avances en innovación de la inteligencia artificial general ante la alarmante falta de gobernanza, normativas y mecanismos de control eficaces para regularla.

El hito más significativo de esta postura se inició en 2023  con la publicación de una carta abierta impulsada por la organización Future of Life Institute (FLI). En este llamado, destacadas figuras vinculadas al desarrollo tecnológico de IA exigieron una pausa inmediata de al menos seis meses en el entrenamiento de sistemas de IA.  

Sin embargo, esto no ha tenido efectividad porque ha continuado la carrera competitiva entre las empresas generadoras de IA. Ahora  la postura, se ha puesto más radical, ha pasado de ser una advertencia teórica para convertirse en eje futuro de las leyes globales.

Ejemplo de ello es La Ley de IA de la Unión Europea,   primera regulación integral del mundo que clasifica los sistemas por niveles de riesgo, prohíbe el scoring social, exige auditorías obligatorias y marcas de agua digitales para los modelos de propósito general. Otros han propuesto el botón de apagado global, para disponer de una desconexión de emergencia en caso de crisis generada por la IA.  También se ha sugerido la creación de un organismo internacional para auditar centros de IA y evitar el desarrollo secreto de superinteligencia, y respecto de Chile existe un proyecto de Ley  que está en  trámite  en el Senado desde inicios del presente año.

Dr. Héctor Varas M.

 

 

Fallo ambiental de Proyecto de Collahuasi

En las dos últimas semanas ha llamado la atención el fallo del Segundo Tribunal Ambiental del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, cuyo fallo se relaciona con los impactos sobre el medio humano y medio marino de la planta desaladora. Este proyecto  fue aprobado en diciembre de 2021, inicialmente por RCA (Resolución de Calificación Ambiental) de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y hubo dos recursos de reclamación que fueron desestimados por el Comité de Ministros, agosto de 2023.

El proyecto tiene una relevancia estratégica para Collahuasi en su continuidad operacional por 20 años más y la transición hacia el cese del uso de aguas continentales en la Región de Tarapacá que provienen de los salares Coposa y Michincha.

El análisis de las implicancias de este fallo desde el punto de vista de análisis técnico de la inversión se relaciona con los siguientes riesgos para Collahuasi:

Genera retrasos en el camino crítico del proyecto y se incurre en el costo de oportunidad, dado que la judicialización post RCA paraliza o condiciona las obras civiles de la construcción y operación de la planta desaladora. Además, genera un impacto financiero, dado que desfasa la producción proyectada y altera el rendimiento de la inversión en el tiempo, valor presente neto de la inversión, porque al postergarse la puesta en marcha de la desalinización, limita la velocidad de expansión de la capacidad de tratamiento del mineral, principalmente, en la planta concentradora.

Por otra parte, la sentencia ambiental obliga a Collahuasi a realizar estudios adicionales posibles  para realizar un nuevo Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA) para resolver las “ilegalidades de la evaluación asociadas al componente humano” y también en “ilegalidades relacionadas con la evaluación ambiental del medio marino”.

Estos elementos impactan en las percepciones empresariales de futuros inversionistas de otros proyectos. Se percibe  que una resolución ambiental no entrega plena certidumbre si las cortes ambientales pueden retrotraer  la decisión de autorización, dado que a pesar de que existe un límite de tiempo para ello. En este caso, desde cuando se hicieron las reclamaciones (octubre 2023 a mayo 2024) ha pasado un tiempo suficiente para que el tribunal se pronunciara con su fallo, que en esta ocasión ocurrió extemporáneamente, una vez realizada gran parte la inversión.

  Dr. Héctor Varas M.

Inflación en Chile y Tarapacá

 

El efecto del aumento del costo de los combustibles ha afectado a nivel global, que se ha asociado a un descontento de la población, lo que va a incidir en los procesos eleccionarios del presente año, esto traerá como consecuencia un fortalecimiento de las ideologías opositoras a los gobiernos actuales, en muchos países que no han tenido participación alguna en el conflicto de EE.UU. e Israel con Irán. Incluso los demócratas en EE.UU. es muy probable que ganen las elecciones de representantes en noviembre.

Como se  esperaba en Chile la inflación del mes de abril fue alta respecto a otras de igual período de años anteriores, existían expectativas al respecto, pero al fin se supo  el indicador de IPC de 1,3% mensual con una variación acumulada del 4% anual, no es  buena noticia, pero sí esperable.

La región de Tarapacá va a ser unas de las más afectada por la distancia desde los centros de abastecimiento cuyo origen de mercaderías provienen de la zona central por transporte rodoviario, ya se aprecia en unos productos como el precio de los huevos. El primer impacto estuvo en el aumento de los precios de los combustibles, y luego vendrán efectos secundarios, especialmente en los alimentos, lo que va a depender de los efectos estacionales climáticos en las actividades productivas agrícolas como heladas que puede afectar la oferta de los bienes alimenticios, especialmente por la corriente del niño que impacta al continente. Se esperan lluvias intensas sobre el promedio, con mayor actividad frontal hacia mediados de invierno. A pesar de la humedad, los pronósticos indican un invierno más cálido en temperaturas máximas, pero con riesgo de heladas y noches frías.  La isoterma cero será alta, eventuales lluvias en zonas cordilleranas donde usualmente cae nieve, genera preocupación por posibles crecidas de ríos y remociones en masa.

El aumento del precio de los combustibles es inflación importada, externa derivada del conflicto en el medio oriente, y la esperada respecto de los bienes agrícolas será por la estacionalidad climática, ninguna de ellas es controlable por el Banco Central, que a su vez tiene la meta del 3% de inflación bianual, éste no podrá disminuir  la tasa monetaria, afectando a la inversión y al crecimiento. Finalmente, la población experimentará una pérdida del poder adquisitivo que presionará al aumento de sueldos y remuneraciones, con una U.F. mayor que impactará a dividendos y arriendos permanentemente en el futuro.

Dr. Héctor Varas M.

 

Reforma Tributaria y sus impactos en la Región de Tarapacá

La propuesta tributaria del Gobierno de José Antonio Kast, que busca reducir el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27% al 23%, plantea para la Región de Tarapacá un escenario de impactos asimétricos y desafíos de integración económica, dado que la reactivación de unos sectores compensa la neutralidad de otros.

En el corazón de la  economía de Tarapacá, la minería es el actor con mayor sensibilidad al cambio. Con Collahuasi operando ya sin el blindaje de la invariabilidad, el alivio tributario de unos US$ 68 millones anuales se convierte en un incentivo potente para la reinversión inmediata. En contraste, gigantes como Teck (QB2), protegidos por contratos hasta 2038, aproximadamente, solo verán este beneficio si optan por la renuncia voluntaria a su invariabilidad, una apuesta estratégica que dependerá de su visión de largo plazo sobre la estabilidad del país y el precio del cobre.

Para otros pilares regionales, el panorama es distinto, para  ZOFRI, motor del comercio iquiqueño, al estar exenta del IDPC por ley, la rebaja le es indiferente en términos directos. Sin embargo, el éxito de la reforma propuesta está encadenado al poder adquisitivo que la minería y los servicios —estos últimos sí beneficiados por el 23%— logren inyectar en la zona. Sectores emergentes como la energía solar y la pesca industrial encontrarán en esta rebaja un flujo de caja crítico para modernizar plantas y financiar proyectos de almacenamiento que aseguren el liderazgo energético de Tarapacá.

Entre los incentivos adicionales propuestos por el  gobierno para que el  ahorro tributario se reinvierta específicamente en proveedores locales de la región, se relacionan con los  que vinculan la rebaja del impuesto corporativo con el fomento al empleo y la contratación local tales como Crédito Tributario al Empleo y Fomento a Pymes Proveedoras, que se verán beneficiadas con la contratación adicional de personas.

En conclusión, el Plan del presidente Kast en Tarapacá no debe entenderse como un alivio transversal, sino como un estímulo focalizado en el capital intensivo. El gran reto regional será asegurar que el ahorro fiscal de las mineras y generadoras no solo se destinen a dividendos, sino que se traduzca en la contratación de proveedores locales y en una mayor demanda para el sector industrial. La prosperidad de la región no vendrá de la exención de unos, sino de la capacidad de inversión de quienes, tras esta reforma, podrán aumentar su potencialidad de crecimiento.

 Dr. Héctor Varas M.

Inflación 2026

 

Hasta febrero las expectativas de inflación para el país se veían bastante favorables, pero el escenario cambió abruptamente durante el mes de marzo y en  abril que recién se inicia. Tras haber logrado el hito de llevar la inflación anual por debajo del 3% a inicios de año, el reciente ajuste masivo en el precio de los combustibles ha reconfigurado las expectativas inflacionarias.

El ajuste aplicado a fines de marzo de 2026 —tal vez uno de los más alto en décadas tras el traspaso al MEPCO para un escenario de cuatro semanas— ha generado un impacto, para el 16 de abril, se espera una nueva evaluación del Ministerio de Hacienda si se mantiene la estabilidad o se justará adicionalmente.

El IPC de marzo ya registró un alza del 1%, impulsado principalmente por los combustibles. Se espera que en abril se repita o supere esta cifra, llevando la inflación acumulada rápidamente por encima de lo proyectado a comienzos de este año.

Las mayores consecuencias se tienen en los servicios y productos que están indexados en  unidades de fomento, el alza proyectada en la UF se estima cercanos a los $ 400,  esto encarece inmediatamente dividendos, arriendos, planes de salud y seguros, reduciendo el ingreso disponible de los hogares.

Por otra parte, aumentan los Costos Logísticos y de Transporte: Al ser el diésel uno de los combustibles con mayor alza, el impacto de efectos secundarios se verá en la cadena de suministros y el precio de los alimentos, el transporte de carga es un insumo transversal en la economía chilena, afectando a las regiones como Tarapacá, al estar distantes de varios centros de suministros que están en otras regiones como puntos de origen de sus despachos.

La duda razonable que existe en la actualidad es si bien el Banco Central proyectaba una convergencia tranquila al 3% para este año, el panorama ha cambiado a una fase de resiliencia inflacionaria, y esto conlleva a un ajuste de las expectativas: las estimaciones de inflación de  cierre de año van desde un optimista 3% hacia rangos de 3,5% a 4,5%. El punto de inflexión a la baja que vimos en febrero (2,4% anual) ha quedado atrás.

El alza externa de los combustibles, sumada a la incertidumbre global derivado de la guerra, añade un componente de volatilidad que dificultará que la inflación subyacente (la que no considera energía ni alimentos no producibles) baje con la rapidez esperada, lo que implica que el ritmo de disminución de la Tasa de Política Monetaria (TPM) va a ser más cauteloso por parte del Banco Central.  

Dr. Héctor Varas M. 

Política Exterior de Chile

La política exterior de un país debe asegurar la seguridad e intereses nacionales como una prioridad de acuerdo con la realidad del país y la percepción que se tenga del contexto internacional por parte de las autoridades que la definen.

Si se analiza la política exterior de Chile bajo el gobierno de Gabriel Boric se podría definir muy cercana a la concepción del idealismo, mediante el  constructivismo liberal. Su gestión priorizó la identidad internacional basada en valores post-materialistas, acuñando la "Política Exterior Turquesa" (fusión de agenda verde y azul) y una "Política Exterior Feminista". Boric buscó un latino americanismo desde el sur global, intentando recuperar el multilateralismo tras años de fragmentación de acuerdo con las culturas, historias, valores y normas individuales que Chile trató de llevar consigo a la escena internacional. Con la administración Biden, Boric encontró sintonía en la crisis climática y la protección oceánica en foros multilaterales, a pesar de algunos roces por la postura de Chile frente a conflictos en Medio Oriente y su énfasis en una autonomía latinoamericana alejada de la tutela histórica de Washington. Su enfoque enfatizó la protección universal de los Derechos Humanos como un estándar supraestatal, lo que generó tensiones con países con regímenes autoritarios, alejándose de la diplomacia tradicional de no injerencia.

En contraste, la propuesta de José Antonio Kast se aproxima más cercano al realismo defensivo y el soberanismo. Su doctrina, tiende a ser como un "nacionalismo excluyente" prioriza el interés nacional y la seguridad fronteriza, mediante una política vecinal por sobre los compromisos multilaterales. Mientras Boric apostó por la gobernanza climática global, Kast propone una diplomacia pragmática centrada en la apertura comercial bilateral y la contención migratoria, pudiendo considerar la salida de pactos internacionales que limiten la soberanía judicial o fronteriza de Chile.

Se está dando una transición desde una diplomacia de identidad y valores hacia una de supervivencia y orden, redefiniendo la inserción de Chile en el sistema internacional. Si bien se reconoce un contexto de interdependencia, se busca profundizar la relación China y los EE.UU.  con una política exterior que pretende lograr soberanía económica y seguridad estratégica, especialmente bajo el prisma de la competencia por recursos críticos como el litio y el cobre. 

Dr. Héctor Varas M.

Chile en jaque económico

 

Desde el inicio de la guerra entre Irán con EE.UU. e Israel, se ha podido percibir los efectos que están ocurriendo en la economía internacional, especialmente por la dificultad del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz donde transita el 20% de la cantidad de combustible fósil e hidrocarburos que se transa a nivel mundial. El mundo se enfrenta a una restricción de oferta que afecta a todos los sectores productivos que tienen como insumo este tipo de combustible, cuyos costos han aumentado. Para Chile una economía pequeña y abierta enfrenta los siguientes escenarios:

En el corto plazo, Chile enfrenta una presión inflacionaria con el Brent superando los US$ 100 por barril, tensionándose el sistema de Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).  Se han registrado alzas inmediatas de hasta $ 20 por litro. Se ha intensificado la volatilidad cambiaria hacia el alza por sobre los $ 900/US$, afectando el valor de las importaciones chilenas. Y mayor incertidumbre en la tasa monetaria, el Banco central podría desfasar la reducción de la tasa debido a la inflación importada.

Si la guerra tendiera a perpetuarse en el largo plazo, debería verse afectado el precio del cobre porque el aumento del costo de energía afectaría al crecimiento de los principales demandantes, especialmente a China y Europa, afectando los ingresos fiscales de Chile. Esto implicaría para Chile acelerar el reemplazo de proveedores de energía más estables cuyas fuentes sean hidrógeno verde y energías renovables para reducir la vulnerabilidad geopolítica.

Para la región de Tarapacá algunos proyectos mineros podrían desfasarse por el aumento de la incertidumbre global e incremento del costo de su financiamiento, debido al encarecimiento del financiamiento internacional. Y, además, un conflicto prolongado afectaría el valor de las monedas de Chile y países vecinos, reduciendo la capacidad adquisitiva de los compradores de zona franca, afectando el volumen de operaciones de zona franca. 

Lamentablemente, la región de Tarapacá ha estado deprimida en su actividad económica en los últimos meses y con una tasa de desempleo alta, el conflicto retrasa la posibilidad de lograr mejores tasas de crecimiento y disminuir el desempleo. La estanflación se presenta como una verdadera amenaza lo que debería ser considerado por las  autoridades pertinentes, tanto nacionales como regionales.

 Dr. Héctor Varas M.

Agenda de Políticas Públicas: Tarapacá 2026

 

Con la renovación de las nuevas autoridades regionales derivadas del cambio gobierno que será liderado por el presidente José A. Kast R. involucra una serie de compromisos que deberán gestionar para mantener la legitimidad del electorado que los eligió.

Uno de los más importantes concierne a la seguridad y plan implacable regional, para su gestión de debe priorizar la recuperación del control territorial mediante la fuerza de tarea conjunta que consiste en el despliegue inmediato de efectivos militares y policiales en puntos críticos de la Región de Tarapacá, especialmente en Iquique y Alto Hospicio, para desarticular bandas de crimen organizado y narcotráfico.

Otro, plan de acción se relaciona con cárcel de máxima seguridad para extranjeros que implica iniciar los estudios para un recinto penal segregado, donde delincuentes extranjeros cumplan condena sin beneficios antes de ser expulsados.

Además, se debe reforzar el control fronterizo y migración con una meta de cero irregularidades, dado que Tarapacá es reconocida como la puerta de entrada de la inmigración irregular, y el electorado espera que se cierre la llave definitivamente. Para ello se debe implementar el escudo fronterizo que deberá estar dotado de tecnología de vigilancia telemática, drones de alta autonomía y el fortalecimiento de los obstáculos físicos (zanjas y pretiles) en la zona de Colchane y lo más probable en otros hitos fronterizos que son usados para ingresar a Chile.

Por otra parte, se debe concretar las expulsiones administrativas prioritarias: Agilizar los procesos de salida para quienes ingresen o hayan ingresado por pasos no habilitados, eliminando el efecto de "puerta giratoria".

Por otro lado, el gobierno debe hacerse cargo de la reactivación económica de la región que posee varios meses un PIB regional decreciente y abordar la innovación de ZOFRI de acuerdo con el contexto competitivo del comercio internacional actual. Para ello, se requiere una alianza público-privada en infraestructura para destrabar proyectos viales, portuarios y de operatividad comercial que se mantienen pendientes.  

Se debe seguir potenciando la minería regional y la gestión en logística: Fomentando la inversión en minería (litio y cobre) y fortalecer los corredores bioceánicos que conectan a Iquique con el resto de Sudamérica.

Finalmente, la emergencia sanitaria regional que debe reducir las listas de espera, necesita un plan de urgencia en el sistema de salud regional.

 Dr. Héctor Varas M.