Dr. Héctor Varas M.
Durante la semana pasada algunos políticos
progobierno manifestaron la necesidad del apoyo de efectivos de la fuerza
armadas para el resguardo de infraestuctura crítica en algunas comunas de la
Región Metropolitana, y a su vez el Presidente de la República señaló que no se
cerraba a esa posibilidad, en la medida que se aclare el rol y la potestad de militares
en sectores urbanos. En buena hora sale a la luz nuevamente la necesidad del
estado de controlar y disminuir la criminalidad del crimen organizado, que se
relaciona con el tráfico y venta de armas, narcotráfico y la trata de personas,
que al final se manifiesta con consecuencias de robos y homicidios, donde en
gran parte la participación de actores extranjeros ha ido en aumento.
La inmigración masiva irregular ha generado la
aglomeración de personas que circulan en Chile sin poseer la autorización legal
para ello, y se ha radicado en campamentos en terrenos que han sido tomados, donde
no existe un empadronamiento y tampoco un control de ellos. Incluso han
existido declaraciones públicas que en campamentos podría existir cementerios
clandestinos, en otras palabras el actuar de la criminalidad ha cambiado en el
país, y para ello se requiere otras tácticas y estrategias para hacerles frente.
Paralelamente a esta situación, también se
percibe el aumento del comercio informal de bienes y servicios, sin control y
autorización alguna, transformándose en una competencia desleal para los
empresarios formales que pagan infraestructura e impuestos para poder funcionar
con sus respectivas autorizaciones sanitarias y de tipo tributario, en el fondo
se ha ido asentando una competencia desleal de mercado.
La criminalidad y la informalidad comercial
debe ser controlada, para que las personas puedan desempeñarse eficientemente
en sus actividades económicas, la seguridad y el orden son hechos esenciales para
que el sector privado genere valor con
empleabilidad formal y pueda operar plenamente en sus actividades de compras,
productivas y comerciales, y a su vez, los consumidores puedan movilizarse para
adquirir bienes y servicios, sin sentir la sensación de que su vida pueda estar
en peligro.
Para ello, deben ser tratadas con urgencia las
iniciativas legales que permanecen en el congreso y que están orientadas a
mejorar la seguridad de los residentes en Chile para que se puedan desonvolver
sin temor con la sensación de un Chile seguro.
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