En Antofagasta crece un
movimiento intelectual que cuestiona los beneficios reales que la gran minería
deja en la región. Se señala que el valor agregado que queda en el territorio
es reducido, y que el royalty minero que administra el Ministerio de Desarrollo
Social termina financiando comunas sin vínculo alguno con la actividad
extractiva: remuneraciones municipales, alumbrado público, proyectos de
conservación e infraestructura urbana, en lugar de fortalecer las capacidades
productivas del territorio de origen.
A esto se suma un problema
estructural: la inversión pública en el norte es menor a la de otras regiones,
y buena parte de los trabajadores mineros no reside en las comunas donde se
produce, sino en el centro-sur. Su ingreso no se consume localmente, debilitando
el encadenamiento productivo que podría generarse si la fuerza laboral radicara
en la zona. Las empresas mineras reinvierten principalmente para sostener su
producción, y aunque contratan proveedores locales, su responsabilidad social
suele traducirse en asistencialismo, más que en innovación o reconversión
productiva para economías desérticas que, tarde o temprano, deberán aprender a
vivir sin minería.
El trasfondo de todo esto es un
centralismo persistente: Chile sigue concentrado en la gestión de sus recursos,
y el proceso de autonomía regional avanza lento frente a las exigencias del
comercio internacional, la logística, el cambio climático, la inmigración y las
demandas de salud, educación y vivienda que erosionan el bienestar en las
comunas mineras.
En este escenario, la Ley
N°21.591 sobre Royalty a la Minería marca un punto de inflexión real, aunque
todavía insuficiente. Al crear el Fondo Regional para la Productividad y el
Desarrollo y el Fondo de Comunas Mineras, introduce por primera vez un criterio
de origen en la distribución de la renta minera, junto al ya existente Fondo de
Equidad Territorial, que reparte recursos según vulnerabilidad y no según
cercanía a la faena. La coexistencia de ambas lógicas —compensar al territorio
que produce y redistribuir hacia el que más lo necesita— es, en el fondo, la
verdadera discusión pendiente. La pregunta que el norte debería instalar no es
si el royalty existe, sino si su actual proporción entre origen y equidad basta
para transformar una economía extractiva en una economía capaz de sostenerse
cuando el mineral se agote.
