El inicio del proceso de apertura
económica en Chile desde a mediados de los años setenta implicó una serie de
cambios, eliminando la industria sustitutiva de importaciones y el auge de
sectores productivos que explotaron las ventajas comparativas que tenía el
país, de acuerdo con los precios internacionales existentes en la época.
Los primeros años de apertura
impulsada por el gobierno militar
fundamentándose en una apertura unilateral y con los gobiernos democrático
que continuaron con una política bilateral de acuerdos de complementación
económica y de libre comercio, hasta lograr 36 tratados con países y bloques
económicos que representan el 86% del PIB mundial.
Las primeras décadas de apertura
permitió a Chile lograr tasas de crecimiento bastantes altas, en varios años
cercana al 7%, no obstante, en la medida que fueron pasando los años, las tasas
comenzaron a disminuir, entrando en un proceso de rendimientos decrecientes, alcanzando
en los últimos años crecimiento alrededor del 2%, entre cuyas causas se pueden
señalar: Agotamiento en la productividad en varios sectores como el pesquero
por la captura intensiva afectando el ciclo ecológico de la reproducción de especies
pelágicas; la disminución de leyes de yacimientos de cobre antiguos; aumento de
brechas de competencias laborales derivadas de una menor calidad de la educación del país en relación a
estándares internacionales de la OCDE, a pesar del aumento de su cobertura en
las últimas décadas. Baja inversión en investigación y desarrollo (I+D) que
limita la innovación tecnológica en sectores productivos claves; burocracia
excesiva para aprobar proyectos de inversión.
Por otra parte, Chile enfrenta un
rápido envejecimiento de su población que exige una mayor intensidad en
productividad y tecnología que permita sustituir la mano de obra que se necesita para satisfacer sus
requerimientos internos de crecimiento.
Para crecer se necesita mitigar
los obstáculos estructurales que impiden un mayor crecimiento, entre ellos: mejorar
la educación, destrabar la inversión, acelerar las industrias del litio e
hidrógeno verde, aumentar la inversión en I+D
fomentando alianzas de empresas y universidades, implementar la autonomía
y digitalización en minería, agricultura, piscicultura y logística, aumentar la
productividad de empresas públicas y lograr mayor eficiencia del gasto público.
Dr. Héctor Varas M.
