La inmigración en
Chile durante los últimos meses ha sido ampliamente cuestionada en redes
sociales y también en varios artículos de la prensa, causada por la llegada masiva
de haitianos en chárter de líneas aéreas, las que aprovecharon la oportunidad
de negocios en el transporte de pasajeros desde Puerto Príncipe a la Ciudad de
Santiago. ¿Cuáles podrían ser las causas de esta inmigración?, ¿quiénes
financian los pasajes de estas personas que vienen a buscar mejores
oportunidades en nuestro país?
Es necesario
preguntarse si el país posee una política o legislación de migración de acuerdo
a su interés nacional y a su entorno internacional actual, principalmente
porque la ley de inmigración vigente data de 1975, complementándose últimamente
con varios instructivos presidenciales. Antiguamente, la mayoría de los
inmigrantes provenían desde Europa; en cambio, en las últimas décadas gran
cantidad de éstos proceden desde América especialmente Perú, Colombia, Bolivia,
Venezuela y Haití. De acuerdo a los antecedentes del Departamento de
Extranjería y Migración (DEM) señala que la mayoría de los profesionales que
han ingresado al país son venezolanos, en cambio aquellos con origen del resto
de los países es en gran parte mano de obra no calificada.
La Compañía de
Jesús ha apoyado a estas personas durante sus primeros días de estadía y, a su
vez, se puede apreciar que el Estado no posee las políticas necesarias para que
tengan las comodidades mínimas de sobrevivencia, permitiéndoles el ingreso con
una visa de turista, teniéndose el pleno conocimiento que la verdadera
finalidad es quedarse residiendo en Chile con un contrato de trabajo.
Lamentablemente, extranjería sólo le otorga la visa laboral, una vez que haya
sido aprobado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este proceso
toma varios meses y durante este periodo transitorio las personas quedan desprovistas
de salud, residencia e incluso lo mínimo necesario para subsistir.
Este problema es un
gran desafío para el Gobierno que se inicia, dado que existe un Proyecto de Ley
desde 2013 y otro en 2017 presentados por diputados, no dándoseles la urgencia
necesaria para abordar este problema actual social en Chile, que debe ser
resuelto antes que surjan las dificultades y odiosidades xenofóbicas de
chilenos hacia inmigrantes que vienen al país con expectativas de superar los
problemas de sus países de origen.
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