Decisiones para 2018-2021

La ciudadanía chilena tomó sus decisiones a fines del 2017, se destaca las elecciones presidenciales que poseen varias consecuencias para Chile. Se ha decidido rectificar el rumbo de políticas públicas que se relacionan con el bienestar de las personas, se han rechazado promesas de las que se duda su cumplimiento, optando por un programa social que sea sustentable en el tiempo:

-        La gratuidad de la educación superior, incluyendo la universalidad en la formación de técnicos, donde existe la conciencia social hacia el Estado que su financiamiento es bastante oneroso de acuerdo a sus posibilidades macroeconómicas. Incluye el financiamiento con crédito solidario en estudios de posgrados.

-        Respecto de la educación primaria y secundaria, la población espera un mejoramiento de los sistemas de selección, donde los padres esperan que sus hijos sean elegidos por sus capacidades, y no por un sistema de sorteo, se ha vuelto a reconocer que haya un sistema de oportunidad educacional de acuerdo a las capacidades de los estudiantes y con mayor calidad en aulas.

-        Se ha optado en materias de salud por un mejoramiento del sistema público, confiando que las listas de espera disminuirán, asociado a una prestación de servicios de mayor calidad; anhelo de la población de la tercera edad jubilada, que debe soportar largas filas para lograr una hora de atención de especialidad médica asociados a los exámenes pertinentes, especialmente los relacionados con imagenología. Lo que se complementará con una nueva garantía AUGE, mejoramiento gradual de las pensiones, mayor integración a la vida económica y social del país.

-        La seguridad ciudadana se fortalecerá con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; se priorizará la atención a víctimas de delitos y mayor reinserción social para las personas penalizadas.

-        En la Araucanía la población eligió por una mayor justicia por los delitos cometidos, creándose un Consejo para la Paz en la Araucanía, rechazándose los actos violentos y se promete reparación a las víctimas del terrorismo con un plan de impulso de la zona para los años 2018 a 2026.

Estos son los componentes que se destacan entre los compromisos de gobierno del Presidente Electo, que entre otras 745 medidas posee una valoración  de US$ 14.000 millones  desde 2018 a 2021, representado el 5,5 del PIB de un año; posteriores al  2022, el costo es de US$ 4.800 millones, que representa un 1,8% del PIB anual.