Profesional posgraduado en administración

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Nos interesa aspectos económicos y comerciales de la Región de Tarapacá de Chile, Cono Central de Sudamérica. Emprendimientos, reestructuraciones estratégicas, operacionales y financieras, negocios internacionales.

9 de febrero de 2023

Inseguridad factor de disminución de valor económico

 


Los medios de comunicación y redes sociales informan constantemente hecho concretos de actos delictuales como robos, hurtos, homicidios, provocados en gran parte del territorio regional, más los procesos de inmigración irregular con sus respectivas consecuencias, traen consigo la sensación de inseguridad porque se percibe que no existe un orden institucional que no logra controlar la delincuencia.

Lo anterior, asociado a la instauración del crimen organizado cuya gran fuente de financiamiento es el narcotráfico, la trata de personas, amenazas que ha sido un proceso continuo que tiende afectar el bienestar de la sociedad nacional y regional.

Desde los efectos más directos asociados a la agresión personal y a la propiedad, las consecuencias emocionales tanto en las víctimas directas como indirectas, impactos socio geográficos por la pérdida de derecho de uso de los espacios públicos y las percepciones cognitivas de tipo individual y colectiva del riesgo. Especialmente, cuando se observa que existe desorden social complementado con la adicción a las drogas, alcohol, y otros factores causantes que afectan a la gestión de empresas, especialmente de las Pymes que carecen de protección privada.

El sistema estatal puede generar las mejores condiciones de políticas económicas públicas para incentivar el emprendimiento, la inversión, e incluso hasta ofrecer políticas de procrecimiento. No obstante, sino se resuelve la percepción de inseguridad existente, no permitirá que los actores económicos puedan operar con su máxima capacidad potencial, por el riesgo que están expuestas sus instalaciones físicas, producción, transporte de insumos, partes y piezas, materias primas, el proceso de distribución de los productos y en puntos de ventas.  

A lo anterior, se agrega la omisión de la autoridad de varios requerimientos de diversas autoridades políticas regionales al gobierno para resguardar el orden público, siendo unas de las obligaciones prioritarias establecidas en el artículo 24 de la Constitución Política actual. Si bien es cierto, se han ido tomando algunas medidas en el tiempo,  no son suficientes para revertir la sensación de inseguridad tanto para consumidores como empresas, lo que debilita la gestión eficiente y efectiva del sistema económico privado para generar valor y empleo que requiere básicamente certidumbre de seguridad y orden público.

 

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