Postergación del Tratado TPP11 y side letters

Durante la década de 1960 Chile tuvo un proceso de integración fallido en el contexto de la ALALC, Asociación de Libre Comercio de América Latina, que pretendió lograr una zona de libre comercio en América Latina, después de su fracaso por el escaso avance en las desgravaciones arancelarias.  Luego, en 1980 se conformó como ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, que optó por acuerdos comerciales entre países de alcance parcial, caracterizado con un proceso de reducción arancelario gradual.

Chile desde 1974 optó por su proceso de apertura económica con un inicio que se caracterizaba con aranceles a las importaciones que fluctuaban cercanos al 100% de aranceles a las importaciones, procediendo a reducir sus aranceles unilateralmente llegando en 1979 al 10% y en 1990 con 15%. Durante los gobiernos democráticos, se iniciaron acuerdos bilaterales con diversos estados para implementar tratados de libre comercio, lo que ha permitido consolidar el aumento del volumen de comercio en términos de exportaciones e importaciones.

Por otra parte, de manera paralela se han ido consolidando acuerdos que se relacionan con  inversiones, en estos últimos se contemplan la resolución de controversias, recurriendo  a procesos de arbitraje en última instancia de un tribunal arbitral internacional como lo contempla el acuerdo con Alemania, y en el caso de España considera a CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones del Banco Mundial, del cual Chile es miembro al igual que los países de Asia Pacífico que participan en el TPP11, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

El TPP11, en su capítulo 9 aborda los temas de inversión que estipula a CIADI como entidad de arbitraje internacional, si se tratara de divergencias entre una empresa privada y un estado. Esta situación ha sido observada por el presidente actual, y ha acudido a emitir side letters o cartas laterales a varios estados con la finalidad de que Chile sea excepcionado de las obligaciones que le especifica este capítulo.

No obstante, esta posición del Gobierno afecta la percepción de los inversionistas externos frente a posibles conflictos con el Estado de Chile, generando incertidumbres por el riesgo político de la toma de decisiones del Gobierno de Chile con relación a inversiones extranjeras. Sin perjuicio, que además ha afectado el acceso de productos exportables a estos mercados importantes por el atraso de su ratificación.