Dr. Héctor Varas M.
Desde hace meses se ha escuchado o leído “Chile
sin TLC”, sin tratados de libre comercio, aludiendo que el Estado de Chile
puede ser demandado al no cumplir las condiciones con empresas extranjeras para
obtener utilidades que invierten en el país, y que deberían no continuarse
firmando y ratificando este tipo de tratados con otros países como el Tratado
Transpacífico de TPP-11 y en el proceso próximo de renovación de tratados con
Europa.
Por otra parte, una de las razones
fundamentales que busca el movimiento de “Chile sin TLC” señala que los
tratados de libre comercio obstaculizarían el proceso de modificar el sistema
de fondos de pensiones a uno de reparto, porque las empresas internacionales
que son propietarias de administradoras de fondos de pensiones o seguros de
renta vitalicia podrían demandar al Estado de Chile. Como también aquellas que
podrían defender su propiedad intelectual amparadas por patentes, como el caso
de medicamentos proveniente de esfuerzos de la inversión de investigación y
desarrollo, lo que es totalmente legítimo para el avance de procesos de
innovación y emprendimiento para todo tipo de empresas nacionales o
extranjeras.
Si bien es cierto, que Chile puede mejorar los
tratados de libre comercio en todos sus artículos en sus procesos de
renegociación, es necesario considerar que el país posee una economía
extremadamente pequeña con relación al resto del mundo, en términos de PIB y
tamaño de población. Esta es una limitante para que empresas puedan instalar
fábricas de gran tamaño de producción para lograr una eficiencia económica
competitiva solo para satisfacer solo un mercado de 18 millones de habitantes,
bajo un contexto de economía que tendría que enfrentar aranceles más altos en
los mercados de destinos de sus exportaciones en un “Chile sin TLC”, si
quisieran obtener beneficios a partir de sus ventajas productivas.
El slogan “Chile sin TLC”, podría implicar
aumentar aranceles a las importaciones, la población total de Chile sería la
más afectada por que aumentaría los precios de los bienes como alimentos, medicamentos,
electrónicos, eléctricos, automóviles, entre otros. Y solo beneficiaría a
algunos sectores productivos que sustituirían importaciones, lo que no estaría
sustentando en las ventajas productivas, incrementando el empleo a un número
limitado de personas que trabajarían en este tipo de industria, aumentando el
costo en general para la sociedad chilena con ineficiencia y pérdida de
competitividad.
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