Chile enfrentará en el mes de
abril la definición de su futuro, desde el 18 de octubre el país cambió, parte
de la sociedad chilena se manifestó para lograr beneficios bastantes concretos
e incluso el Gobierno cambió su agenda programática. La opinión pública sabe que
las manifestaciones han sido acompañadas con desmanes, saqueos, actos
delictuales, barricadas entre otros. Los hechos concretos demuestran que el
daño ha sido tanto para organismos públicos como privados: grandes, medianas,
pequeñas y microempresas. También hacia la educación, al interrumpirse la PSU e
incluso actividades normales de educación en el inicio de este año escolar
2020, y se complementan con daños a instalaciones que prestan servicios de
salud.
Gran parte de las pérdidas van
directamente hacia infraestructuras que prestan servicios a la ciudadanía, su
destrucción solo trae consigo menor bienestar, que es la principal causa
genérica de las manifestaciones que reclaman mayor equidad al exigir mejores
condiciones de educación, salud y empleo. Chile es un candidato para lograr el
desarrollo, todos los estratos sociales han mejorado sus ingresos en el tiempo,
si bien aún falta avanzar para lograr una mayor equidad, se han implementado
algunas medidas para alcanzarla, como es la gratuidad en la educación en todos
sus niveles. Sin perjuicio, que se reconocen falencias concretas en el servicio
de educación, salud, viviendas entre otras.
Existen posturas radicales de
eliminar la Constitución Política que no fue creada en democracia, pero sí se reformuló
y perfeccionó en ella. No obstante, el pensamiento ideológico y las influencias
externas generan expectativas que van en beneficio de la élite política que apoya
la opción “apruebo” del plebiscito. Sus discursos muestran visiones de sociedad
presentados en diversos fragmentos de estructuras de poder, tanto de partidos
políticos como de diversos grupos de interés; algunos buscan redistribuir la
riqueza en el más breve plazo, sin dejar en claro las opciones para mejorarla
en el tiempo. Por lo tanto, no presentan una sustentabilidad para el
mejoramiento de los ingresos de algunos sectores de la población más necesitada
en Chile que continuará reclamando. Una nueva constitución no asegura mejor bienestar, solo el mayor compromiso de trabajo
efectivo del ejecutivo y legislativo, y
de una ciudadanía más exigente podrán lograrlo.
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