Desafíos Universitarios

Las instituciones de educación superior desde la Reforma Educacional de 1981 han participado entre instituciones tradicionales  públicas como privadas que son parte del Comité de Rectores de Chile (CRUCH). Adicionalmente,  las creadas posteriormente en el contexto de esta  reforma conocidas simplemente como privadas. Todas las universidades  en su historia en primera instancia desarrollaron una gestión de cobertura de educación de acuerdo a la demanda  de servicios de formación académica por parte de los estudiantes, para posteriormente avanzar en su gestión con calidad de los procesos educativos de las instituciones.

Desde hace 11 años, Chile inició un proceso experimental de acreditación de las Instituciones de Educación Superior, sin estándares explícitos transversales, sino que más bien desde la percepción de pares evaluadores e informes de autoevaluación.

En este proceso histórico que han participado las universidades del CRUCH, ha existido una distribución del ranking de los resultados de acreditación, en este sentido existen universidades que poseen distintos años de acreditación de entre 3 y 7 años, que se correlaciona con los aportes fiscales directos que reciben como transferencia directa del Gobierno, por medio del Ministerio de Educación. La evidencia muestra  que las universidades que hoy están acreditadas por 7 años, reciben en forma directa un rango de 29.000 y 39.000 millones anuales. Las entidades que poseen una acreditación de 6 años sus aportes fiscales directos fluctúan entre 9.000 y 14.000 millones, las de 5 años su  aporte es entre 1.800 a 13.000 millones, aproximadamente. Y las de cuatro años entre 1.600 y 4.000 millones, finalmente las acreditadas por tres años perciben entre 2.400  y 3.800 millones.

Otro factor adicional, es la relación de la diferencia de aranceles que cobran y los aranceles referenciales fijados por el Ministerio de Educación, existiendo instituciones con una brecha que en promedio superan el 20%, y otras que poseen 0% de brecha, acercándose a una política de educación pública de acuerdo a las orientaciones que el Ministerio ha dado.

La reforma actual tiene como protagonista la gratuidad, donde  los aranceles serán fijados por promedio ponderado  de los referenciales de las instituciones con igual años de acreditación,  un gran desafío para las universidades que poseen un aporte fiscal reducido para aumentar significativamente su calidad, las que deben innovar los procesos educativos y una alta productividad académica que les permita alcanzar mayores recursos.

Héctor Varas M.