Las instituciones de educación superior desde la Reforma
Educacional de 1981 han participado entre instituciones tradicionales públicas como privadas que son parte del
Comité de Rectores de Chile (CRUCH). Adicionalmente, las creadas posteriormente en el contexto de
esta reforma conocidas simplemente como
privadas. Todas las universidades en su
historia en primera instancia desarrollaron una gestión de cobertura de
educación de acuerdo a la demanda de
servicios de formación académica por parte de los estudiantes, para
posteriormente avanzar en su gestión con calidad de los procesos educativos de
las instituciones.
Desde hace 11 años, Chile inició un proceso experimental de
acreditación de las Instituciones de Educación Superior, sin estándares
explícitos transversales, sino que más bien desde la percepción de pares
evaluadores e informes de autoevaluación.
En este proceso histórico que han participado las
universidades del CRUCH, ha existido una distribución del ranking de los
resultados de acreditación, en este sentido existen universidades que poseen
distintos años de acreditación de entre 3 y 7 años, que se correlaciona con los
aportes fiscales directos que reciben como transferencia directa del Gobierno,
por medio del Ministerio de Educación. La evidencia muestra que las universidades que hoy están
acreditadas por 7 años, reciben en forma directa un rango de 29.000 y 39.000
millones anuales. Las entidades que poseen una acreditación de 6 años sus
aportes fiscales directos fluctúan entre 9.000 y 14.000 millones, las de 5 años
su aporte es entre 1.800 a 13.000
millones, aproximadamente. Y las de cuatro años entre 1.600 y 4.000 millones,
finalmente las acreditadas por tres años perciben entre 2.400 y 3.800 millones.
Otro factor adicional, es la relación de la diferencia de
aranceles que cobran y los aranceles referenciales fijados por el Ministerio de
Educación, existiendo instituciones con una brecha que en promedio superan el
20%, y otras que poseen 0% de brecha, acercándose a una política de educación
pública de acuerdo a las orientaciones que el Ministerio ha dado.
La reforma actual tiene como protagonista la gratuidad, donde
los aranceles serán fijados por promedio
ponderado de los referenciales de las
instituciones con igual años de acreditación,
un gran desafío para las universidades que poseen un aporte fiscal reducido
para aumentar significativamente su calidad, las que deben innovar los procesos
educativos y una alta productividad académica que les permita alcanzar mayores
recursos.
Héctor Varas M.
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