Durante la década de 1960 Chile tuvo un proceso de integración fallido en el contexto de la ALALC, Asociación de Libre Comercio de América Latina, que pretendió lograr una zona de libre comercio en América Latina, después de su fracaso por el escaso avance en las desgravaciones arancelarias. Luego, en 1980 se conformó como ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, que optó por acuerdos comerciales entre países de alcance parcial, caracterizado con un proceso de reducción arancelario gradual.
Chile desde 1974 optó por su proceso de
apertura económica con un inicio que se caracterizaba con aranceles a las
importaciones que fluctuaban cercanos al 100% de aranceles a las importaciones,
procediendo a reducir sus aranceles unilateralmente llegando en 1979 al 10% y
en 1990 con 15%. Durante los gobiernos democráticos, se iniciaron acuerdos
bilaterales con diversos estados para implementar tratados de libre comercio,
lo que ha permitido consolidar el aumento del volumen de comercio en términos
de exportaciones e importaciones.
Por otra parte, de manera paralela se han ido
consolidando acuerdos que se relacionan con
inversiones, en estos últimos se contemplan la resolución de
controversias, recurriendo a procesos de
arbitraje en última instancia de un tribunal arbitral internacional como lo
contempla el acuerdo con Alemania, y en el caso de España considera a CIADI,
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones del Banco
Mundial, del cual Chile es miembro al igual que los países de Asia Pacífico que
participan en el TPP11, Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico.
El TPP11, en su capítulo 9 aborda los temas de
inversión que estipula a CIADI como entidad de arbitraje internacional, si se
tratara de divergencias entre una empresa privada y un estado. Esta situación
ha sido observada por el presidente actual, y ha acudido a emitir side letters
o cartas laterales a varios estados con la finalidad de que Chile sea
excepcionado de las obligaciones que le especifica este capítulo.
No obstante, esta posición del Gobierno afecta
la percepción de los inversionistas externos frente a posibles conflictos con
el Estado de Chile, generando incertidumbres por el riesgo político de la toma
de decisiones del Gobierno de Chile con relación a inversiones extranjeras. Sin
perjuicio, que además ha afectado el acceso de productos exportables a estos
mercados importantes por el atraso de su ratificación.
