Agenda económica pública

Dr. Héctor Varas M.

El gobierno actual de Chile ha comenzado a intensificar su agenda para lograr una mayor recaudación de impuestos y sus expectativas están concentradas para el mes de julio, donde este tema se debería estar debatiendo en el Congreso. Lo que se asocia también a las reformas laborales que se esperan con expectativas de menos horas de trabajo semanal y un sueldo mínimo más alto, y lo que se podría avanzar en aspectos de reforma previsional en el presente año.

Por otra parte, el mes de julio coincide con el período que la Convención Constitucional deberá entregar la redacción de la propuesta de la Constitución, entre sus contenidos, se definirá el modelo económico, aspectos de propiedad privada de las empresas que explotan recursos naturales en Chile. Complementado además, con un entorno internacional complejo derivado de la invasión rusa a Ucrania con el impacto en el aumento de precios de alimentos y combustibles. Más, la inflación interna, donde tanto el Banco Central como Hacienda deberán mantener una política de tipo mixta para contener el aumento de los precios.

En otras palabras, el horizonte es bastante incierto, y muchas entidades empresariales esperan que se fijen prioridades para alcanzar una normalización en términos de actividad económica con una inflación controlada que aseguren un equilibrio macroeconómico

En el presente año se va a presentar una contracción económica respecto del 2020 con tendencias de alzas de los precios y la población que posee menores ingresos va a ser una de las más afectada. Pero, el gobierno entrante posee un programa que pretende cumplir de acuerdo con sus compromisos políticos con el electorado, y deberá lidiar entre lo prometido y el contexto económico, político, social existente.

La reforma tributaria pretende recaudar impuestos en función del patrimonio de las personas, recursos naturales e impuestos verdes, y para evitar que haya migración del capital existente en Chile, deberán existir los incentivos necesarios para lograr un mayor crecimiento e inversión.

Va a ser de gran interés cómo se concilian los intereses sobre estatización, renacionalización de empresas que operan en la minería y otros recursos naturales que se discuten en la Convención constitucional y la reforma tributaria que se pretende aplicar, lo que permitirá dilucidar que tan atractivo será el país para invertir en el futuro.