Autonomía Regional Constitucional

 Dr. Héctor Varas M.

La mayoría de las personas que habitan en regiones anhelan una mayor autonomía respecto del poder central del Estado de Chile. Durante la semana pasada, el pleno de la Convención Constituyente aprobó varios artículos relacionados con la autonomía de regiones y comunas. El énfasis que se le estaría otorgando se relaciona con una desconcentración política y jurídica, según lo aprobado hasta el momento. No obstante, no se señalan aspectos de desconcentración de recursos, pero sí existe la intención aunque no aprobada y devuelta a la Comisión, de otorgar las atribuciones de aplicación de impuestos, generar endeudamiento público e incluso crear empresas públicas, es decir una especie de autonomía fiscal regional.

 

Los artículos aprobados traen consigo oportunidades y riesgos, está claro que se desea que las regiones puedan gestionar recursos, dado que actualmente una gobernación regional y su consejo no poseen mayor autoridad en términos económicos, de acuerdo con los fondos regionales que se disponen y el mayor poder aún lo posee la delegación presidencial.

 

La propuesta de la convención consiste que cada región cree un estatuto y que pueda generar sus propias leyes mediante una Asamblea Legislativa Regional. La consulta que se debe hacer ¿es necesario crear mayores instancias y burocracias públicas a las existentes para lograr un mayor bienestar en regiones?

 

Se tiene claro que el proceso de descentralización y desconcentración regional ha sido lento, pero no por ello se debe caer en la ansiedad maximizadora de lograr la autonomía en forma espontánea; se requieren procesos adecuados de aprendizajes de políticas públicas que aseguren la implementación de un modelo exitoso de desarrollo regional.

 

Por otra parte, se debe evitar la confrontación potencial entre regiones y de éstas con el poder central por la distribución de los recursos, y además con autonomía fiscal en cada una de ellas va a ser muy complejo mantener una política fiscal ordenada y gestionable para el país.

 

Entre los artículos aprobados y en análisis, se percibe un alto riesgo en su implementación sino se considera un proceso gradual de implementación. Lo óptimo sería mayor desconcentración de recursos con el mínimo costo burocrático posible, y que se vaya avanzando a una descentralización y desconcentración en el tiempo, logrando asentar las competencias de un país que sea capaz de gestionar una armonía entre todas las regiones velando por un estado unitario y el bienestar de todo Chile

 

¿Futuro de la economía en Chile?

Dr. Héctor Varas M.

Los últimos acontecimientos en Chile se han manifestado claramente sobre la inmigración ilegal, el nombramiento de las personas que ocuparán los puestos en los ministerios y subsecretarías del próximo gobierno y la nominación reciente de la presidencia del Banco Central.

No obstante de ser estos temas importantes, también los medios han difundido los avances de las comisiones de la Convención Constituyente, y llama la atención la votación en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, acerca de las iniciativas para perfilar el modelo económico donde se rechazó la propuesta “consagrar el derecho a la libre competencia económica y empresarial, y promover la competencia”.  Además, esta iniciativa se complementa con el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, “teniendo como limites la moral, el orden público, la seguridad nacional, el desarrollo sostenible; y que esta pueda ser regulada por ley”. Adicionalmente, se rechazó “La economía de Chile tendrá su base en los principios de la Economía Social de Mercado”.

Inmediatamente surge la consulta, ¿cuáles van a ser los principios constitucionales  que van a regir las actividades económicas del país?,  y por lo visto, la discusión se centra en el rol del estado subsidiario vs uno benefactor, y que la mayor parte de los constituyentes de esta Comisión proponen  un modelo que asegura el “buen vivir” donde el Estado garantice las actividades económicas y empresariales "con el límite de las condiciones previstas en esta Constitución y las leyes, debiendo éstas ser establecidas en conformidad a la función social y ecológica de la propiedad y los derechos de los pueblos indígenas, la protección de los derechos humanos y de la Naturaleza, la seguridad e integridad del territorio del Estado y la salud pública".

La redacción de este principio es bastante restrictiva para generar actividad económica y cuya aplicación requiere aclaraciones concretas acerca de los alcances de derechos de pueblos indígenas, protección de derechos humanos y naturaleza, función social y ecológica de la propiedad, entre otros.

Para lograr una eficiencia en la asignación de recursos económicos es esencial la libre competencia, la inversión, el emprendimiento, y en consecuencia el derecho a la propiedad privada tanto de aspectos relacionados con: la innovación, propiedad intelectual, bienes y servicios, con las  regulaciones de leyes específicas que pueden asegurar el “buen vivir” de la sociedad chilena.