En los últimos días ha habido una gran discusión acerca del déficit fiscal del 2009, el gasto público realizado por la última Administración excedió a los ingresos por concepto de tributos y excedentes de empresas públicas y del Estado.
La Dirección de Presupuesto ha indicado que este déficit alcanzó la magnitud del 4,5% del Producto Interno Bruto (valor de la producción de bienes y servicios en el territorio del país), es decir 7.224 millones de dólares. Este déficit se genera por que el Gobierno gastó un 17,9 % más durante el 2009. Y esto obedece a una sola razón, contrarrestar la caída de la actividad económica producida por la crisis internacional. En otras palabras, el ahorro fiscal obtenido en años anteriores de bonanza, parte de él se tuvo que destinar a gasto público para evitar mayores consecuencias no deseadas de la crisis económica tales como: mayor desempleo, cierre de empresas, etc.
Esta magnitud del déficit no significa una insolvencia económica que afecte el país para los próximos años, dado que no involucró un endeudamiento desmedido sino que más bien fue financiado con recursos fiscales acumulados en años anteriores y con la colocación de bonos por parte del Fisco en el mercado local. Especialmente si se considera que el Fisco de Chile mantiene un ahorro actual de 16.359 millones de dólares, con una distribución en: Fondo de Reservas de Pensiones, Fondo de Estabilización Económica y Social, y en los Activos del Tesoro Público y por otra parte, se debe considerar que la deuda pública alcanza solo el 5,9 % del PIB.
No obstante lo anterior, este déficit afectará la gestión de las nuevas autoridades gubernamentales entrantes, en el sentido que no se podría continuar con el ritmo o la aceleración del gasto que se dio el 2009 por sobre el crecimiento del producto del país, porque de hacerlo si traería consecuencias para la estabilidad macroeconómica del país tales como mayor inflación, con los costos asociados para el sector privado de una mayor tasa de instancia monetaria. Por ello, las nuevas autoridades deberán velar por el equilibrio económico del país.
En otras palabras, el gasto fiscal del presente año deberá ser más austero, según el presupuesto del 2010, se tiene considerado un gasto de un orden de crecimiento real del 4,3% con respecto al 2009. Y para su financiamiento además de la tributación a recaudar, deberá considerar el financiamiento con emisión de bonos o ventas de activos (mantenidos como ahorros) por parte del Tesoro.
Se deduce que las nuevas autoridades tendrán que hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr la máxima eficiencia en términos de asignación de recursos del gasto público, dado que deberán actuar con austeridad, pero a su vez les es imperativo satisfacer las promesas entregadas en la campaña presidencial y además de hacer todos los esfuerzos necesarios de enfrentar la catástrofe derivada del terremoto, el que significará un gran gasto fiscal para reconstruir lo dañado, debiéndose resguardar el equilibrio macroeconómico.
La Dirección de Presupuesto ha indicado que este déficit alcanzó la magnitud del 4,5% del Producto Interno Bruto (valor de la producción de bienes y servicios en el territorio del país), es decir 7.224 millones de dólares. Este déficit se genera por que el Gobierno gastó un 17,9 % más durante el 2009. Y esto obedece a una sola razón, contrarrestar la caída de la actividad económica producida por la crisis internacional. En otras palabras, el ahorro fiscal obtenido en años anteriores de bonanza, parte de él se tuvo que destinar a gasto público para evitar mayores consecuencias no deseadas de la crisis económica tales como: mayor desempleo, cierre de empresas, etc.
Esta magnitud del déficit no significa una insolvencia económica que afecte el país para los próximos años, dado que no involucró un endeudamiento desmedido sino que más bien fue financiado con recursos fiscales acumulados en años anteriores y con la colocación de bonos por parte del Fisco en el mercado local. Especialmente si se considera que el Fisco de Chile mantiene un ahorro actual de 16.359 millones de dólares, con una distribución en: Fondo de Reservas de Pensiones, Fondo de Estabilización Económica y Social, y en los Activos del Tesoro Público y por otra parte, se debe considerar que la deuda pública alcanza solo el 5,9 % del PIB.
No obstante lo anterior, este déficit afectará la gestión de las nuevas autoridades gubernamentales entrantes, en el sentido que no se podría continuar con el ritmo o la aceleración del gasto que se dio el 2009 por sobre el crecimiento del producto del país, porque de hacerlo si traería consecuencias para la estabilidad macroeconómica del país tales como mayor inflación, con los costos asociados para el sector privado de una mayor tasa de instancia monetaria. Por ello, las nuevas autoridades deberán velar por el equilibrio económico del país.
En otras palabras, el gasto fiscal del presente año deberá ser más austero, según el presupuesto del 2010, se tiene considerado un gasto de un orden de crecimiento real del 4,3% con respecto al 2009. Y para su financiamiento además de la tributación a recaudar, deberá considerar el financiamiento con emisión de bonos o ventas de activos (mantenidos como ahorros) por parte del Tesoro.
Se deduce que las nuevas autoridades tendrán que hacer todos los esfuerzos necesarios para lograr la máxima eficiencia en términos de asignación de recursos del gasto público, dado que deberán actuar con austeridad, pero a su vez les es imperativo satisfacer las promesas entregadas en la campaña presidencial y además de hacer todos los esfuerzos necesarios de enfrentar la catástrofe derivada del terremoto, el que significará un gran gasto fiscal para reconstruir lo dañado, debiéndose resguardar el equilibrio macroeconómico.
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