Gasto Público de Propuesta Constitucional

El 4 de septiembre del presente año es una fecha que quedará en la historia del país, se votará una propuesta constitucional por una convención que fue elegida democráticamente, con la esperanza para la población chilena que se obtuviera un documento con un estado de derecho que asegurara la estabilidad social con crecimiento económico.

No obstante lo anterior, el texto resultó ser un documento que introduce una serie de reformas estructurales en el aspecto del estado nación, sistema político, sistema judicial, modificaciones a algunas atribuciones sobre el Banco Central, reelección presidencial, entidades regionales que pueden incurrir en deuda pública y crear empresas públicas con la implementación de una serie de funciones que se traduce en un mayor gasto público.

Varios estudios sobre el costo que tendría el proyecto constitucional incrementaría gran parte el gasto sobre el Producto Interno Bruto, que de acuerdo con la apreciación de este analista y en función de la capacidad productiva nacional actual no es financiable. El estudio que se destaca, entre otros, es el liderado por los economistas Rodrigo Vergara, ex presidente Banco Central y Rodrigo Valdés ex ministro de hacienda con un grupo de académicos de universidades que consideraron dos escenarios: Uno bajo que representa un 8,9% del PIB y otro alto que podría alcanzar el 14,2% anual, la distribución de este gasto adicional tendría un énfasis en el área de salud, educación y vivienda, sin considerar que el factor constitucional por sí mismo podría presionar indirectamente sobre el gasto público. Los costos analizados están bajo el supuesto de la aplicación de un promedio de diez años, en función de precios diciembre el 2021 y el PIB de 2022, considerando los gastos en régimen, ajustes de stock y también adicionalmente, los clasifican como gasto administrativo y no administrativo. Para ello, no se hicieron estimaciones asociadas a aspectos de gobernanza ni tampoco otros gastos indirectos o posibles reformas tributarias, el estudio solo se basa en los gastos directos que se pueden atribuir a la propuesta constitucional.

Los autores, señalan que es fundamental considerar que las finanzas públicas deben sostener la premisa que sean bajo el principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal y en este sentido si se decide gastar más el Estado debe ser capaz de movilizar más recursos, lo que implica aspectos de estructura de tributación y eficiencia del Estado.