El 4 de septiembre del presente año es una
fecha que quedará en la historia del país, se votará una propuesta
constitucional por una convención que fue elegida democráticamente, con la
esperanza para la población chilena que se obtuviera un documento con un estado
de derecho que asegurara la estabilidad social con crecimiento económico.
No obstante lo anterior, el texto resultó ser
un documento que introduce una serie de reformas estructurales en el aspecto
del estado nación, sistema político, sistema judicial, modificaciones a algunas
atribuciones sobre el Banco Central, reelección presidencial, entidades
regionales que pueden incurrir en deuda pública y crear empresas públicas con
la implementación de una serie de funciones que se traduce en un mayor gasto
público.
Varios estudios sobre el costo que tendría el
proyecto constitucional incrementaría gran parte el gasto sobre el Producto
Interno Bruto, que de acuerdo con la apreciación de este analista y en función
de la capacidad productiva nacional actual no es financiable. El estudio que se
destaca, entre otros, es el liderado por los economistas Rodrigo Vergara, ex presidente
Banco Central y Rodrigo Valdés ex ministro de hacienda con un grupo de
académicos de universidades que consideraron dos escenarios: Uno bajo que
representa un 8,9% del PIB y otro alto que podría alcanzar el 14,2% anual, la
distribución de este gasto adicional tendría un énfasis en el área de salud,
educación y vivienda, sin considerar que el factor constitucional por sí mismo
podría presionar indirectamente sobre el gasto público. Los costos analizados
están bajo el supuesto de la aplicación de un promedio de diez años, en función
de precios diciembre el 2021 y el PIB de 2022, considerando los gastos en
régimen, ajustes de stock y también adicionalmente, los clasifican como gasto
administrativo y no administrativo. Para ello, no se hicieron estimaciones
asociadas a aspectos de gobernanza ni tampoco otros gastos indirectos o
posibles reformas tributarias, el estudio solo se basa en los gastos directos
que se pueden atribuir a la propuesta constitucional.
Los autores, señalan que es fundamental
considerar que las finanzas públicas deben sostener la premisa que sean bajo el
principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal y en este sentido si se
decide gastar más el Estado debe ser capaz de movilizar más recursos, lo que
implica aspectos de estructura de tributación y eficiencia del Estado.
