La noticia recibida de parte de
Estándar & Poor´s que redujo a Chile en la clasificación de riesgo
argumentando la disminución del precio del cobre, bajo crecimiento económico y
una disminuida expectativa empresarial tiene por consecuencia una mayor tasa de
interés de exigencia para créditos tanto de para el sector público como
privado.
Además, Chile ha aplicado una
política fiscal contra cíclica debido a la caída de la actividad del sector
privado, lo que ha tenido como consecuencia un aumento de la deuda del sector
público que ha llamado la atención de los medios de comunicación y de la
opinión pública en general. Este gasto fiscal no ha logrado aumentar la
actividad económica en forma inmediata, sino que ha estado orientada a cumplir
los compromisos políticos público, especialmente en educación básica, media y superior
bajo el programa denominado gratuidad. En el caso de la educación superior se ha
aplicado mediante glosas presupuestarias por dos años consecutivos en la ley de
presupuesto fiscal y cuyo proyecto se ha asociado a la Reforma de la educación
Superior, que se mantiene en su proceso legislativo en el Congreso, donde
existe un compromiso de aumentar este tipo de gasto.
A este respecto, se aprecia en el
Ejecutivo una complacencia de llegar a formular que dejará al país en mejores
condiciones de la cual lo recibió, lo que admite claramente que solo aprecia un
éxito autocomplaciente en el gasto social, pero no ha sido capaz de observar y
sincerar la sustentabilidad de este tipo de gasto en el largo plazo. Dado que
depende de variables externas como el precio del cobre para lograr su
financiamiento y a su vez, de no haber podido generar las condiciones
necesarias de aumentar la inversión del sector privado para lograr una mayor
recaudación impositiva mediante crecimiento. Solamente, ha podido enfrentar sus
compromisos sociales con un mayor endeudamiento, lo que se demuestra con la
duplicación de la deuda del sector público externa e interna en los últimos tres
años.
El desafío del próximo gobierno es
crear las condiciones necesarias de lograr una mayor confianza en los
consumidores y en la inversión, que sea capaz de sustentar los niveles de
inversión necesaria con la finalidad de lograr una mayor recaudación fiscal
para financiar el gasto social que la sociedad y el Estado necesita, complementado
con una mayor exigencia a la inversión pública y privada para superar el mayor
riesgo país que hoy Chile posee.
.
